No es sencillo ordenar que estas personas dejen de laborar. El presidente de la república Martín Vizcarra ha decretado Estado de Emergencia por un período de 15 días a partir del 16 de marzo, tiempo en donde nadie absolutamente nadie puede salir de casa a menos que sea por motivos de urgencia, para abastecerse de insumos de primera necesidad, medicinas y otras excepciones.
¿Pero cuán factible y óptimo es ordenar que más de 8 millones de personas que trabajan en la informalidad cesen sus labores sin ningún tipo de respaldo económico? Aquí un poco de data de cómo están sobrellevando otros países esta crisis a un nivel superior al que nosotros aún nos encontramos.
Esta inesperada situación de crisis que actualmente viven más 140 países alrededor del mundo podría dejarnos una gran lección sobre algunos temas a los que no le hemos prestado la suficiente atención.
Durante su último mensaje a la nación y conferencia de prensa Martín Vizcarra junto a la ministra de economía María Antonieta Alva han establecido un paquete de medidas económicas para solventar la situación de más de 8 millones 600 mil peruanos que trabajan en la informalidad y que viven del día a día, según cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) hasta el año pasado.
Esta medida viene acompañada también de una postergación de vencimiento de la Declaración Anual de Renta para personas naturales y mipymes. Además, junto a la SUNAT se ha acordado una postergación de todas las obligaciones tributarias durante el mes de marzo para mipymes.
Pero qué es lo que se ha decretado en otras partes del mundo, respecto al ámbito laboral de trabajadores independientes y autónomos.
En España por ejemplo, país con más de 9 mil casos de coronavirus y 350 fallecidos a raíz de la pandemia, el Consejo de Ministros aprobó una moratoria fiscal para que las pymes y los autónomos puedan aplazar el pago de sus impuestos durante seis meses.
De acuerdo a lo indicado también por el Salvador IIla, titular del Ministerio de Sanidad, equivalente al Ministerio de Salud en el Perú, los trabajadores autónomos cobrarán un 75% de su base reguladora.
Francia, por su lado ha activado un seguro de desempleo el cual se extenderá a trabajadores independientes. Además el gobierno de ese país ha creado un Fondo de Solidaridad para ayudar a los empresarios.
Emmanuel Macron además ha declarado que “ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra”. Esto sumado a medidas como una garantía del Estado de 300.000 millones de euros para los préstamos bancarios contraídos por las pequeñas empresas.
El factor común entre las medidas tomadas por los dos últimos países es que los "informales" han pasado a ser "trabajadores independientes y formales" para que reciban estas retribuciones siempre y cuando hayan pagado responsablemente sus impuestos.
Sabemos que para pagar impuestos es necesario que los gobiernos establezcan un proceso de formalización que tenga por lo menos los estándares mínimos de accesibilidad a quienes quieran pasar a tributar.
El no contar un adecuado proceso de formalización laboral impide que, por lo menos en nuestro país, los trabajadores no cuenten con protección de derechos laborales, no cuenten con acceso a la seguridad social, no cuenten con derecho a pensiones, no tengan derecho a un seguro de salud, entre otros beneficios.
El proceso de formalización en el Perú, según en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo consta de cuatro pasos:
-Constitución y registro de la empresa
-Registro Tributario
-Registro Laboral y
-Autorización Municipal
Parece sencillo, sin embargo estos esfuerzos parecen ser insuficientes ya que hasta el 2019 la informalidad laboral alcanzó un 72%, según informaba el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores a inicios de este año.
Este es un porcentaje bastante elevado comparado a la de los países de la Unión Europea donde la informalidad apenas alcanza el 11,6%, según un trabajo de investigación de la Dirección de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea.
Y aquí recae lo importante, según Adriano Pérez, jefe de Desarrollo de Políticas del CIEN-ADEX, la altísima tasa de informalidad laboral se debe a los ELEVADOS COSTOS TRIBUTARIOS y laborales, los PROCESOS MUY CAROS DE INSCRIPCIÓN, la DÉBIL CAPACIDAD DE INSCRIPCIÓN por parte del Estado y la falta de concientización y capacitación sobre los beneficios de la formalización
En cambio en los países de la Unión Europea donde a los empleos informales se les conoce como “Trabajo negro” o “Empleos en B” los resultados se deben a la percepción de la corrupción, ellos tienen en claro que si los ciudadanos desconfían de las Administraciones Públicas, es más probable que opten por operar al margen de sus cauces oficiales.
Y evidentemente a la calidad de sus instituciones ya que cuanto mejor funcionan, menos probable es que haya informalidad.
Las medidas establecidas por el MEF no son negativas pero sí podrían resultar insuficientes frente a próximas crisis de mayores escalas a las que estamos viviendo actualmente y que podríamos enfrentar.
¿Entonces estamos preparados para ello?
Los peruanos debemos poner mayor atención al crecimiento del empleo informal pero no con mirada despectiva a quienes se levantan temprano para trabajar en las principales calles de la ciudad y país, sino con observaciones hacia nuestro gobierno para que reformule las alternativas de formalización, elevemos la calidad de vida y se reduzca el porcentaje de familias que viven en calidad de “Poblaciones Vulnerables”
En este caso lo importante, y por ahora es continuar en cuarentena, para evitar aumentar la tan famosa curva de infectados que podría dejar en un estado crítico también a nuestro sistema de salud. Eso sí, sin dejar de lado la fiscalización por parte de nosotros como ciudadanos hacia los servicios del estado y el buen cumplimiento de ellos.
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